Este jueves 26 de febrero desde las 16 horas en la plaza Congreso, se realizará una acción en defensa de la ley de glaciares y contra la baja de la edad de punibilidad.

La diputada nacional electa Mercedes de Mendieta participará llevando la solidaridad de Izquierdas Socialista/FIT Unidad.

De Mendieta dijo: “Javier Milei, en complicidad con gobernadores tanto radicales como peronistas, busca avanzar en la media sanción de la reforma regresiva de la Ley de Glaciares, que protege a casi 17 mil glaciares y que cumplen un papel fundamental en el sostenimiento de la vida a lo largo de todo el país. Las principales multinacionales extractivistas detrás de esta reforma son Lundin Mining y Barrick Gold (canadienses), Chinalco y Shandong Gold (chinas), BHP (angloaustraliana) y Glencore (suiza). Junto a la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones, comunidades y asambleas ambientales de todo el país venimos desplegando una campaña para romper el cerco mediático y defender el agua como un derecho vital. ¡La Ley de Glaciares no se toca! ¡El agua vale más que todo!”

Y agregó: “Contra todas las opiniones de especialistas en materia penal y de los organismos de derechos de las infancias y adolescencias, Javier Milei y Patricia Bullrich buscan convertir en ley la baja de edad de punibilidad. Es mentira que más mano dura para la juventud resolverá el problema de la inseguridad. Si vemos los números según Unicef, sólo el 0,45% de las chicas y chicos de entre 12 y 17 años cometió algún delito. El gobierno oculta esta realidad para poner el foco donde no está el problema, en la juventud pobre. La verdadera solución es inversa: terminar con el plan motosierra de Milei y el FMI y destinar presupuesto a políticas integrales que fortalezcan el sistema de protección de las infancias y adolescencias.”

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Este sábado 7 de febrero, a las 16 horas, desde Montevideo y avenida Rivadavia (CABA), se realizará la Segunda Marcha del Orgullo Antifascista, Antirracista y Antiimperialista, con movilización a Plaza de Mayo y acciones en distintas provincias del país.

De la movilización participará la diputada nacional (electa) de Izquierda Socialista/FIT Unidad, Mercedes de Mendieta junto con la referente del colectivo Travesti - Trans y de Disidencias en Lucha Sher Lescano, quienes fueron parte de las asambleas organizativas de la convocatoria.

Sher Lescano dijo: “A un año de la primera gran marcha del orgullo antifascista y antirracista ante los nefastos dichos de Javier Milei en Davos, desde el movimiento feminista de mujeres y disidencias, convocamos la Segunda marcha del Orgullo antifascista, antirracista y este año antiimperialista, con convocatorias en CABA y en varias provincias el país. Este #7F volvemos a las calles porque solo en el 2025 hubo un aumento de los ataques de odio del 70% al colectivo directo contra LGTTTBIQ+. El gobierno ha recortado y eliminado en un 76% del presupuesto para la prevención y tratamiento del HIV y recortes en la repartición de profilaxis. Hay una política constante de ataque brutal contra el movimiento que ha resistido en las calles como lo demostró la masiva 34° Marcha del Orgullo. Esta convocatoria además será parte de una importante semana de luchas contra las reformas de Milei y sus cómplices”.

De Mendieta finalizó: “El #7F será parte del plan de lucha contra la reforma laboral esclavista que se tratará en el Senado el 11 de febrero. La reforma laboral de Milei afecta de manera directa a mujeres y disidencias, que son la mayoría en los sectores más precarizados del mercado de trabajo, con mayores niveles de informalidad, salarios más bajos y menor estabilidad laboral. Además, la reforma golpea especialmente a quienes sostienen mayoritariamente las tareas de cuidado, al recortar licencias. Por eso, esta convocatoria también levantará el llamado y la exigencia a que la burocracia sindical convoque de una vez por todas a un paro general y plan de lucha contra este intento de retroceder nuestros derechos al siglo XIX”.

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Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional (electa) – Izquierda Socialista/FIT Unidad

En sesiones extraordinarias, el oficialismo vuelve a instalar una agenda punitivista que criminaliza a las infancias y adolescencias. Organismos de derechos advierten que la medida no reduce el delito y profundiza la exclusión social.

Otra vez el gobierno ultraderechista pone en agenda la baja de la edad de punibilidad. En el marco de las sesiones extraordinarias, Javier Milei y la senadora Patricia Bullrich impulsan una nueva Ley Penal Juvenil que pretende llevarla de 16 a 13 años, algo que no recomienda ningún organismo de derechos de las niñeces y adolescencias. Bajo el discurso de la “seguridad”, vuelve una receta conocida: más mano dura y criminalización de los pibes y pibas, sin dar respuesta al grave problema de la inseguridad, que crece al calor de la motosierra.

La discusión no es nueva. Desde 2024 el oficialismo instaló una cruzada mediática que presenta la baja de la edad de punibilidad como una solución mágica frente al delito. En 2025 el gobierno lo puso en debate en la Cámara de Diputados, pero no logró avanzar. Hoy vuelve a escena de la mano de Bullrich, junto con la reforma laboral esclavista. Pero lejos de atacar las causas estructurales de la inseguridad, la propuesta profundiza la criminalización de la pobreza y pone en la mira a los pibes y pibas de los barrios populares, que no son responsables de la inseguridad, sino sus víctimas.
Se trata de una estrategia punitivista de alto impacto mediático, que cumple un doble objetivo político: disciplinar a los sectores populares y desviar la atención de la crisis social, el ajuste y los recortes que golpean a millones.

Los datos son contundentes y desmontan el relato oficial. En Argentina, solo el 0,45% de los jóvenes de entre 12 y 17 años participa en algún delito. En la provincia de Buenos Aires, el delito juvenil representa entre el 2,25% y el 3,6% del total de las causas penales. De alrededor de 1.020.000 investigaciones penales que se inician por año, apenas unas 20 mil corresponden al fuero penal juvenil, es decir, el 2,5% del total de causas con autor conocido. La enorme mayoría de esos hechos son delitos contra la propiedad, con una incidencia muy baja en delitos contra las personas y sin evidencia alguna de aumento en la participación de menores de 16 años.

Entonces, ¿por qué el gobierno insiste en bajar la edad de punibilidad? Porque es más fácil castigar a los pibes pobres mientras dejan correr al gran delito organizado: el narcotráfico, los desarmaderos y las redes de trata, que no podrían funcionar sin complicidades policiales, judiciales y políticas. Infancias y adolescencias aparecen como el eslabón más débil.

Mientras tanto, el verdadero drama social sigue intacto: más de un millón de chicos y chicas se van a dormir sin cenar. El mismo gobierno que habla de “mano dura” recorta becas Progresar, desfinancia la educación pública, la salud, el deporte y las políticas de niñez y juventud. Para quienes quedan fuera de esos derechos, la respuesta es la represión y la cárcel.

Nuestros pibes no son peligrosos: están en peligro. Los delitos juveniles, en su gran mayoría, están organizados por adultos. Una parte importante está asociada al consumo problemático de drogas. Miles de jóvenes son utilizados para robar o como “soldados” por bandas narcos amparadas por la policía. Estas poderosas redes criminales cuentan, además, con protección judicial.

Contra la recomendación de todos los organismos de las niñeces

Las experiencias internacionales también son claras. Estudios de Unicef, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la propia Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU muestran que reducir la edad de imputabilidad no baja el delito: lo aumenta. En Ecuador, donde la edad es de 12 años, el índice de delitos pasó de 6 a 46 cada 100 mil habitantes. En países como Brasil y Uruguay, donde la punibilidad comienza a los 12 y 13 años respectivamente, los niveles de violencia no disminuyeron. Dinamarca y Georgia, incluso dieron marcha atrás luego de comprobar los efectos regresivos de estas políticas.

En Argentina, el régimen penal juvenil vigente, heredado de la dictadura pero con modificaciones posteriores, fija la edad de punibilidad en 16 años. La propuesta de Milei es más regresiva que la normativa de 1980: la propia dictadura genocida, ya en su crisis final, elevó la edad de 14 a 16 años en 1983. Hoy, en nombre de la “libertad”, se pretende retroceder aún más.

El encarcelamiento temprano no reinsertó nunca a nadie. En nuestro país, un juez puede establecer la internación de menores de 16 años en institutos, aun cuando no hayan sido condenados. Estos espacios funcionan, en muchos casos, como cárceles encubiertas, con malas condiciones de detención, violencia institucional y vulneración sistemática de derechos. Lejos de reducir la violencia, la multiplican. Es echar nafta al fuego.

Para combatir la inseguridad, que afecta particularmente a las y los trabajadores y sectores populares, las respuestas represivas y la mano dura solo significan más criminalización y no resuelven, sino que empeoran el problema. Lo que se necesita es terminar con las mafias que organizan el delito al amparo del poder político, judicial y policial. Y también terminar con el plan motosierra de Milei y el FMI, garantizando presupuesto para políticas integrales que fortalezcan el sistema de protección integral de la niñez y la adolescencia.

Este sábado 31 de enero a las 18 horas en el Obelisco (Av. 9 de Julio y Av. Corrientes - CABA) y en varios puntos del país, se realizará una acción bajo la consigna “¡Apaguen el fuego ya!”.

 La diputada nacional (electa) Mercedes de Mendieta de Izquierda Socialista/FIT Unidad, que será parte de la acción, dijo: “Estos incendios no son un accidente. Todo fuego es político. Son producto del desfinanciamiento y extractivismo, consecuencia de la política del gobierno de Milei. En 2025, el gobierno dejó de ejecutar el 25% del presupuesto asignado al Manejo del Fuego. Peor aún, en el presupuesto del 2026 que Milei votó con sus cómplices, hay un recorte del más del 70% en los recursos. Un o una brigadista que combate el fuego casi sin recursos gana entre 600.000 y 850.000 pesos, y trabajan en condiciones de precarización extrema. Realmente indigna, son miles las hectáreas que se incendian día a día, mientras se intenta combatir el fuego con brigadistas y voluntarios, junto a la solidaridad de la sociedad y las colectas. Que la Patagonia arda es responsabilidad directa del gobierno ultraderechista de Milei, pero también del gobierno de Chubut de Torres”

De Mendieta agregó: “Por el repudio popular y la presión el gobierno decretó la emergencia ígnea, después de que se quemaron más de 45.000 hectáreas solo en Chubut y decenas de miles más en otras provincias y prácticamente, sin recursos. La emergencia es puro humo. Es urgente, se necesita plata ya para apagar el fuego y la reconstrucción de viviendas, no para la estafa del FMI. Además, denunciamos que Milei quiere avanzar con la modificación de la ley de Glaciares, que podría afectar glaciares milenarios y las reservas de agua dulce de todo el país a favor de nuevos negocios mineros. Por eso este sábado estaremos junto al movimiento socioambiental a las 18hs en el Obelisco para decir: apaguen el fuego YA, plata para combatir los incendios no para la deuda externa, negocios inmobiliarios y el extractivismo”.

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La diputada nacional electa Mercedes de Mendieta (Izquierda Socialista/FIT Unidad) criticó fuertemente a Javier Milei.

Mercedes de Mendieta dijo: “Milei vive en Narnia. Se la pasa de fiesta en fiesta, pero ¿Qué festeja? Mientras desafina en el escenario y se muestra de gira, la Patagonia se prende fuego. Da mucha bronca, hay pueblos enteros que están en riesgo y personas que lo pierden todo, brigadistas agotados y sin recursos enfrentan los incendios intencionales con apoyo de la solidaridad social. No es casualidad, el gobierno de Milei aplica la motosierra en el presupuesto para el manejo del fuego, y permite cambios del uso del suelo sobre los territorios devastados al servicio del saqueo de nuestros recursos. Todo ello, mientras intenta avanzar en la modificación extractivista de la Ley de Glaciares para nuevos negocios mineros en favor de las multinacionales. Decimos con claridad: apaguen el fuego YA, presupuesto para combatir los incendios no para el FMI. Todo ello mientras crecen los despidos como muestra Lustramax y se intenta avanzar en una reforma laboral esclavista que vamos a enfrentar en las calles”. 

De Mendieta finalizó: “En el ‘Derecha Fest’, rodeado de los personajes más reaccionarios y misóginos del país, amenazó al mejor estilo fascista del siglo XX: 'se les viene la noche a los zurdos '. Desde la Izquierda le respondemos a los fachos con lucha y organización. Vamos a grandes jornadas de lucha junto al movimiento socioambiental este sábado 31 en el Obelisco exigiendo presupuesto para combatir los incendios, el #7F con el movimiento de mujeres y disidencias en la segunda marcha antifascista y antirracista y el 11 de febrero junto al sindicalismo combativo contra la reforma laboral esclavista. Todo ello mientras seguimos exigiendo a la CGT y CTA que convoquen a un paro nacional y plan de lucha”. 

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